La ley del aborto en tres supuestos básicos (riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación), promulgada en Chile el 17 de septiembre de 2017, ha permitido abortar a 3.609 mujeres desde enero de 2018 hasta septiembre de este año. Los datos, procedentes del Ministerio de Salud y revelados por un medio local, recogen que 1.077 mujeres abortaron por estar en riesgo, 1.710 por inviabilidad del embarazo y 822 por violación.
Según la titularidad de los centros de salud donde se practicaron estos abortos, 3.110 fueron en hospitales públicos, mientras que los 496 restantes fueron en privados. En total, fueron 4.272 mujeres las que se acogieron a la ley, que contempla tanto la vía del aborto como seguir con el embarazo. De éstas, el 84,5 % decidió interrumpirlo voluntariamente y el 15,5 % continuó con la gestación. “Es muy necesario mejorar la implementación de la ley y en eso hemos estado enfocados desde que asumimos como Gobierno”, expresó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a medios locales.
La normativa presentó algunos obstáculos desde el inicio, como poca información sobre la ley y los derechos que reconoce; falta de capacitación de los profesionales sobre los procedimientos; la ausencia de mecanismos de fiscalización; y la falta de regulación de la objeción de consciencia. “Nos interesa es que las mujeres que lo necesiten y lo requieran puedan acceder efectivamente a la posibilidad que les otorga esta normativa”, añadió Orellana.
La ley se aprobó durante el segundo Gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), tras varios años de insistencia por parte de organizaciones feministas y de mujeres. Hasta entonces, las interrupciones voluntarias del embarazo estaban totalmente penalizadas, algo que estableció la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) poco antes de que el general dejara el poder.
Seis años después la norma sigue siendo resistida por los sectores de la derecha y la extrema derecha del Partido Republicano. La semana pasada, la formación conservadora, que tiene mayoría en el Consejo Constitucional que redacta la nueva Constitución, presentó una enmienda para proteger la vida del “niño que está por nacer”. Aunque la derecha tradicional, agrupada en la coalición Chile Vamos, asegura que sus intenciones pasan por acordar que el texto constitucional no dé margen para modificaciones respecto a la legislación vigente, organizaciones feministas ya han alertado de la posibilidad de que la nueva Carta Magna traiga “retrocesos” para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En la sociedad chilena, sin embargo, existe cierto consenso y una mayor liberalización sobre las interrupciones del embarazo. La encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), cuyos resultados fueron revelados el pasado julio, mostraron que si en 1999 un 35% decía estar a favor de la interrupción del embarazo en casos especiales, en 2023 esa cifra llega al 49%. Mientras, quienes creen que debe ser una opción de las mujeres en cualquier caso, se han triplicado, pues pasaron, en el mismo periodo, del 10% al 30%. Al reverso, los que piensan que el aborto debe estar siempre prohibido, si antes fueron 55%, hoy bajaron al 19%.
