El 8 de marzo de 2021 el Zócalo de Ciudad de México amaneció vallado. Como cada Día de la Mujer, en uno de los países más violentos para ser mujer, aquellas vallas fueron levantadas, paradójicamente, para proteger la sede del Gobierno de las manifestantes. Las mujeres, cargadas de rabia e indignación por la violencia que no las deja vivir, aprovecharon las estructuras metálicas para escribir el nombre de miles de asesinadas. El muro se transformó en un memorial y no hubo espacio suficiente para tantos nombres. La imagen fue un reflejo de la tensa relación que ha tenido el Gobierno de López Obrador con el movimiento feminista, en un país en el que son asesinadas 10 mujeres cada día.
Ahora que el sexenio llega a su fin, quedan los recortes en el presupuesto, la falta de escucha y la poca empatía con las víctimas que repiten un doloroso mantra: las mujeres no son una prioridad para las autoridades en México. Pese a esta compleja situación, el país ha vivido importantes avances en cuanto a la despenalización del aborto y la participación de las mujeres en el escenario político, gracias a la ley de paridad. Por primera vez en 200 años, México podría tener a su primera presidenta. “La llegada en sí misma de una mujer a la presidencia la tenemos que ver como un triunfo del feminismo, aunque ninguna candidata sea feminista”, mencionaba en entrevista con este diario la periodista Lucía Lagunes.
Desde el arranque de su Gobierno, López Obrador dejó clara cuál era su postura respecto al feminismo. “Soy humanista”, dijo dos días antes del 8 de marzo de 2020. “No dejamos de reconocer la importancia que tienen movimientos como el feminismo, el movimiento animalista, el movimiento ambientalista, movimiento en defensa de los derechos humanos, todo eso, pero consideramos que lo principal es la igualdad en lo social”, declaró.
En seis años, el presidente ha insistido en calificar las críticas de las feministas como actos orquestados por la oposición que han querido “afectar” a su gestión. “Mi explicación es que se sintió increpado por un movimiento feminista que siempre interpela al Estado por tener prácticas patriarcales y cuya exigencia es el ejercicio de derechos, libertades y autonomías”, dice Lorena Villavicencio, exdiputada de Morena y parte de la campaña de Claudia Sheinbaum. “Nunca comprendió del todo que las mujeres estamos pugnando por superar barreras o discriminaciones que generan una desigualdad estructural”, reconoce.
Un año antes, en 2019, López Obrador había intentado reunirse con 100 feministas por el Día Internacional de la Mujer, pero el ejercicio salió mal. “En aquel desayuno propuso que se sometiera a consulta el tema del aborto, algo que las feministas llevamos décadas peleando porque los derechos no se consultan”, recuerda Lagunes. Desde aquel encontronazo, Palacio Nacional solo realizó encuentros con feministas afines a la llamada cuarta transformación y con mujeres del gabinete. Las puertas se cerraron para el resto.
Más de 3.000 asesinadas al año
La violencia es y seguirá siendo el principal problema que enfrentan las mujeres en México. En los últimos cinco años 18.469 mujeres fueron asesinadas, de acuerdo con cifras del Gobierno. De ese total, 4.600 casos fueron investigados como feminicidio, es decir, como asesinatos en razón de género. Lejos de acabarse, la violencia machista en México no ha hecho más que aumentar en los últimos 30 años, por más que los gobiernos se empeñen en resaltar algunas bajadas puntuales y se enfrasquen en una guerra de cifras.
La realidad es que la violencia continúa y se ceba, cada vez más, con las más jóvenes y las más pobres. “Este sexenio tuvo claroscuros en cuanto a la atención del problema, pero los feminicidios siguen ahí, no disminuyeron”, afirma María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio. Entre esos claroscuros, el fiscal general Alejandro Gertz Manero propuso en 2020 eliminar el delito de feminicidio, según él, por las dificultades que existían para acreditar ese tipo penal. “Trataron de volver a una discusión que hace 10 años habíamos resuelto, cuando la Fiscalía General de la República lo que debería de hacer es generar trabajo con las fiscalías de los Estados para que haya una mejor coordinación entre ellas para investigar y sancionar a los agresores”, agrega Estrada.
La especialista señala que uno de los principales problemas que existen en el país es que muchas fiscalías “ni siquiera tienen protocolos para investigar los feminicidios”. Eso significa que en muchos casos por falta de medios, interés, prejuicios o coacción del crimen organizado, los feminicidios son clasificados como homicidios comunes o suicidios. “Nadie se cree que el año pasado Guanajuato con más de 300 asesinatos, solo hubo un 5% de feminicidios. Igual Guerrero: de 139 asesinatos, solo 15 casos fueron acreditados como feminicidio”, señala la directora.
El esquema se repite a nivel nacional. Cualquier cifra en torno a la violencia machista se queda corta en México. De los más de 3.000 asesinatos de mujeres que ocurrieron el año pasado, por ejemplo, solo 827 se investigaron como feminicidio, alrededor de un 25%. Organizaciones como el Observatorio del Feminicidio aseguran que esa solo es la punta del iceberg y que es muy probable que el número de feminicidios sea el doble. A eso hay que sumarle una tasa de impunidad del 95%, que solo la mitad de las investigaciones acaban ante un juez y, que de esas, solo el 20% reciben una sentencia. “Las mujeres vuelven a ser violentadas después de muertas por unas autoridades que son omisas”, denuncia la experta. Estrada se dice esperanzada con la llegada de una mujer a la presidencia y espera que si eso sucede, México desarrolle por fin un pacto de Estado contra la violencia machista, “ese sigue siendo el gran faltante”, subraya.
Aborto, una prioridad de la sociedad civil
La despenalización del aborto ha vivido un gran avance en los últimos años, pese a la negativa a legislar del Gobierno de López Obrador para no abrir espacios de “enfrentamiento”. La Marea Verde que estalló en Argentina y llegó hasta México en 2018 fue más fuerte que la posición descafeinada del Gobierno. Las demandas de la sociedad civil, el movimiento feminista, la academia y algunos sectores de la política se hicieron escuchar. Ese impulso sirvió para que el aborto se convirtiera en una realidad en 14 de 32 Estados en seis años. “Hubo muchos cambios tanto a nivel federal como a nivel estatal”, señala Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE). A la Ciudad de México, pionera en aprobar la despenalización en 2007, se sumaron este sexenio Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Puebla, Aguascalientes y Jalisco.
Sin duda, la gran protagonista en términos institucionales fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), primero con dos sentencias en 2018 y 2019 en las que dio la razón a dos mujeres a las que se negó el derecho a abortar, pese a haber sido víctimas de violación; segundo, por la gran sentencia de 2021 a raíz del caso del Estado de Coahuila. La decisión prohíbe que una mujer pueda ir a la cárcel por abortar, sentando un precedente muy importante en todo el país. “Se necesita que las instituciones se tomen en serio sus obligaciones y se necesita el impulso de la sociedad civil exigiendo sus derechos”, apunta Ramos.
La directora de GIRE, sin embargo, apunta a que todavía queda un largo camino por recorrer. “El gran pendiente de estos momentos y del próximo sexenio es que el Sistema Nacional de Salud garantice el acceso al aborto como un servicio esencial de salud, que los Estados cambien sus códigos penales y no lo sigan incluyendo como un delito”. Ramos explica que es necesario mejorar las condiciones para acceder al aborto autogestionado, que se deje de perseguir a las acompañantes de abortos en los Estados y que no se pongan trabas excesivas en los hospitales para acceder a este derecho. “Tenemos que quitarle el estigma y hablar del aborto como una parte más de la vida reproductiva de las mujeres”, recuerda.
Presupuesto insuficiente para la igualdad de género
El Gobierno de López Obrador llega al final del sexenio como una de las Administraciones que más recursos ha destinado al Anexo 13 -el presupuesto etiquetado para la Igualdad de Género- sin embargo, el 90% de ese dinero ha sido dirigido a los programas asistenciales del Gobierno que carecen perspectiva de género, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida o la Pensión para Adultos Mayores. Este último, por ejemplo, se llevó seis de cada 10 pesos del presupuesto para reducir la desigualdad de género en 2024. “Estos programas no son adecuados para cerrar la brecha de género que existe en el país porque no fueron construidos desde sus inicios para acabar con la desigualdad ente hombres y mujeres”, apunta Andrea Larios, investigadora del programa de Justicia Fiscal de la organización Fundar.
“López Obrador se concentró en el tema de la justicia social para sacar de la emergencia a muchas personas que en general viven en pobreza y pobreza extrema”, explica Lorena Villavicencio. “En el presupuesto es donde se ven reflejadas las prioridades del Gobierno y pues no parece que sean ni la igualdad de género ni el combate a la violencia contra las mujeres”, responde Larios.
El presupuesto para combatir la violencia de género representó una cantidad insignificante respecto al total del presupuesto del Anexo 13 a lo largo del sexenio. La austeridad es, después de la violencia, el fenómeno que más le ha pegado a las mujeres estos años. Los recortes del Gobierno después de la pandemia golpearon fuerte a los programas de combate a la violencia, a los programas de salud y también al presupuesto asignado para desarrollar la política de Igualdad a través del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). También hubo recortes y estancamiento en el presupuesto para refugios de mujeres víctimas de violencia y no existe un registro de huérfanos por feminicidios en el país.
Durante el sexenio, la violencia machista obligó a más de 185.973 mujeres y sus hijos a vivir en refugios, de acuerdo a datos de la Red Nacional de Refugios (RNR). Sin embargo, el presupuesto para los refugios en 2024 solo creció 0,02% respecto al año anterior. Tras una importante caída en 2019 (-4,9%), se dio una recuperación en 2020. Sin embargo, en 2021 y 2022 hubo reducciones una vez más de (-5%) y (-3,1%), respectivamente, justo en el momento en que la pandemia disparó las agresiones machistas y los refugios estaban desbordados.
Los programas que atienden a víctimas de violencia o se encargan de las alertas de género en los Estados también fueron recortados o tuvieron incrementos insignificantes por debajo de la inflación. Entre 2019 y 2024 el presupuesto solo incrementó 8,6%. “Este sexenio ha representado un proceso de claroscuros, por una parte quienes acompañamos a mujeres hemos vivido la ausencia del diálogo horizontal, los procesos burocráticos y revictimizantes, hemos sido perseguidas por el derecho a disentir y a señalar transgresiones a los derechos humanos”, dice Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios. “Por otro lado, gracias al trabajo de muchas mujeres feministas y colectivas hemos logrado mantener el programa de refugios, lo que nos mantiene fuertes y en resistencia pese al sistema patriarcal y las características de este sexenio”, agrega Figueroa.
En cuanto a salud sexual, hubo algunos incrementos en el presupuesto, aún así, México sigue registrando altos niveles de muerte materna, embarazo adolescente no deseado, violencia obstétrica y una persistente criminalización del derecho al aborto. En 2019 el dinero destinado al programa de salud materna, sexual y reproductiva tuvo su máximo de los últimos seis años, desde entonces no se han producido grandes incrementos.
En 2020, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recordó al Estado mexicano la importancia de asegurar recursos públicos suficientes para desarrollar políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva en el país. Una asignatura que parece haber quedado pendiente. “Es muy importante que el próximo gobierno defina una metodología clara y transparente para asignar recursos en el Anexo 13, con el fin de garantizar que los programas que lo integren contribuyan al cierre de brechas y combate de la violencia″, señala Larios.
El Sistema Nacional de Cuidados, metido en un cajón
La sobrecarga de trabajo no remunerado que asumen las mujeres impide la igualdad de oportunidades y derechos frente a los hombres. En México se estima que el 75% de las tareas de cuidados las realizan las mujeres, según el Inmujeres. Si bien es verdad que el tema ha estado en boca de todos los candidatos en campaña y que la Cámara de Diputados aprobó el derecho al cuidado, la realidad es que después de aprobar la enmienda, los legisladores decidieron no destinar un solo peso al asunto.
En 2020 se presentó la iniciativa para crear un Sistema Nacional de Cuidados que acabó metida en un cajón del Senado. Ahí continúa. En 2019 el Gobierno decidió eliminar el subsidio para las estancias infantiles y sustituirlo por una transferencia directa para las familias, la medida afectó a cientos de madres trabajadoras que utilizaban ese servicio. ”Fue el ejemplo perfecto de la desatención de la desigualdad estructural desde la política pública”, señalaba Andrea Larios de Fundar en una entrevista con este diario. Los candidatos han prometido en campaña devolver el servicio con alguna modificación para cubrir el vacío.
El mismo año que el Senado bloqueó la ley de cuidados, López Obrador pidió en una conferencia matutina que las mujeres y las familias cuidaran de los adultos mayores frente a la Covid-19. El Gobierno lo ha justificado debido a que eran días de incertidumbre y austeridad republicana ante la pandemia. “Es conocido que, sobre todo, las hijas cuidan a los padres, los hombres podemos ser más desprendidos”, dijo el presidente. Sus palabras generaron mucha polémica y quedaron para la historia. “Desarrollar un Sistema Nacional de Cuidados empieza por cambiar la mentalidad de la gente”, señala la exdiputada y politóloga Martha Tagle.
Actualmente el trabajo no remunerado, conocido como trabajo de cuidados, representa un 24% del PIB mexicano, según el Inegi. Lo que supera en valor económico al sector agrícola o a la industria manufacturera. “Sin igualdad de oportunidades, la movilidad social de millones de mujeres de todos los estratos sociales se ve truncada, y se profundizan las condiciones de pobreza para muchas de ellas y sus familias”, subrayan desde el Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Para acelerar este empoderamiento económico, “son necesarias con carácter urgente políticas que ofrezcan servicios, protecciones sociales e infraestructuras básicas, que promuevan la distribución del trabajo de cuidado y doméstico entre las mujeres y hombres”, recogen ONU Mujeres y otros organismos internacionales.
Lorena Villavicencio destaca el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, como parte del fortalecimiento económico de las mujeres que ha hecho este Gobierno y que deberá mejorar el próximo. “El sistema de cuidados dotará a madres y padres de Centros de Atención y Cuidados de la Infancia, empezando por las mujeres de mayor vulnerabilidad social y económica como las jornaleras y las maquiladoras. Pero también apoyará a adultos mayores y personas con discapacidad”, afirma.
Hasta el momento la creación de un Sistema Nacional de Cuidados se ha quedado en un montón de palabras grandilocuentes y en un balón que los legisladores han decidido patear hasta la siguiente legislatura. Solo el tiempo dirá si se convierte en una realidad o queda en una mera promesa de campaña. La próxima presidenta o presidente tiene ante sí un importante reto para el país, no olvidarse del 50% de la población: las mujeres mexicanas.
Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp electoral y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites
_
Fuente EL PAIS
