El Gobierno del Principado de Asturias encargará la realización de un estudio sobre la prostitución y la trata con fines de explotación sexual. “Somos una comunidad abolicionista porque una sociedad que explota a las mujeres de esta manera no es una sociedad decente”, afirma la directora de Igualdad, María Jesús Álvarez. La mesa técnica constituida para erradicar estas prácticas celebró hace unos días su primera reunión de la legislatura. En ella están representadas entidades y organismos públicos y privados involucrados en la lucha frente a este tipo de violencia contra las mujeres, así como en la atención a las víctimas.
El Ejecutivo autonómico presentó en marzo la estrategia asturiana para la abolición de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, con el objetivo de que Asturias sea pionera en esta materia. El primer paso consistirá en realizar esta investigación, que permitirá conocer la demanda de la prostitución y el nivel de adecuación de los recursos existentes (públicos y privados) para atender a las víctimas, así como sus necesidades. “No es una cuestión sencilla porque hay un nivel de ocultación importante, y para eso vamos a elaborar un mapa de la situación en la comunidad autónoma. Se trata de conocer la dimensión de este tipo de violencia en una triple vertiente: numérica, geográfica y las características socio demográficas de las mujeres víctimas”, explica el Gobierno asturiano.
El Principado también pretende precisar y estudiar la situación psicosocial de las mujeres víctimas, que definan su vivencia y sus necesidades, expectativas y demandas. Para ello se plantea que el equipo investigador, dada la complejidad de la materia, incluya profesionales de la sociología, psicología, trabajo social y mediación intercultural. En este sentido, el Gobierno de Asturias ha planteado la constitución de un grupo de estudios que facilite el acceso a las fuentes de información requeridas y a los interlocutores o informantes clave. Sería el encargado, además, de velar por la realización adecuada de las entrevistas con las víctimas. “El diagnóstico es fundamental para afinar bien en las políticas que pongamos en marcha y que puedan ser útiles para estas mujeres y para el conjunto de la sociedad. Necesitamos tener una percepción real. En el gobierno estamos totalmente decididos a abordar la estrategia en su integridad e involucrar al conjunto de la sociedad en esta tarea”, añade Álvarez.
En la mesa están representadas la Delegación del Gobierno, la Fiscalía Superior, la Viceconsejería de Justicia, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, el servicio público de empleo, la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales, la Dirección General de Salud Pública, la Federación de Concejos y los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés. También han participado el Consejo Asturiano de la Mujer, la Fundación Amaranta y las organizaciones APRAMP y Médicos del Mundo.
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La estrategia asturiana propone 48 medidas, entre las que destacan el diseño de un modelo de intervención público con carácter integral que incluye también a las menores de edad, así como a las víctimas en condiciones de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, mujeres con discapacidad física o psíquica, migrantes o problemas de salud o adicciones.
La iniciativa plantea revisar las licencias administrativas municipales y autonómicas en relación con las actividades desarrolladas en determinados locales y el cumplimiento de la normativa vigente en su actividad, con el fin de evitar que se promueva la explotación sexual. También insta al Gobierno central a desarrollar el abordaje y acceso a los espacios privados donde se encuentran las mujeres que pudieran ser víctimas de explotación en pisos de contactos o domicilios particulares.
“Este modelo de intervención pública supone un avance de la administración autonómica que da un paso más en este compromiso, asume acciones que hasta el momento desarrollaban en exclusiva las entidades sociales. Para una entidad como la nuestra, que lleva 30 años apoyando a mujeres en situación de prostitución, supone un gran hito en Asturias por su abordaje integral involucrando a diferentes administraciones y actores públicos, como justicia, educación, salud o bienestar social”, apuntan desde Médicos del Mundo. La estrategia asturiana para la abolición de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual ha generado rechazo entre asociaciones de trabajadoras sexuales que consideran que el plan persigue algo imposible.
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