Cuatro años después de la primera ola del Me Too en el cine francés —impulsada por la actriz Adèle Haenel al abandonar la entrega de los premios César de 2020 como protesta por los galardones a Roman Polanski— el festival de Cannes, inaugurado ayer, se ha convertido en el escenario elegido por el feminismo galo para dar visibilidad a la segunda ola del movimiento en este país.
En vísperas de la apertura de la 77ª edición del certamen cinematográfico más importante del mundo, el influyente productor Alain Sarde fue acusado por nueve mujeres, la mayoría protegidas por el anonimato, de violación y agresión sexual en los años 80 y 90. Sus acusaciones, que no han cobrado aún forma de denuncia en el juzgado, se suman a una ya larga lista de casos que incluye el juicio en junio a Dominique Boutonnat, director del CNC —el equivalente al Instituto de la Cinematografía español—, por presuntos abusos sexuales a su ahijado; la imputación de Gérard Depardieu; las denuncias interpuestas por la actriz Judith Godrèche contra los directores Benoît Jacquot y Jacques Doillon por haberla violado cuando era menor de edad o las revelaciones de otra actriz, Juliette Binoche, que en abril afirmó haber sufrido durante años abusos en los rodajes.
La violencia sexual ocupó además este martes la portada del diario Le Monde con una tribuna firmada por un centenar de personalidades que piden una ley integral que la combata en un país en el que el 94% de las denuncias por violación acaban siendo desestimadas.
El delegado general del festival, Thierry Frémaux, ha insistido en que estas denuncias no pueden “arruinar” la esencia del certamen —hablar de las películas—, pero la cantidad de casos que han salido a la luz en los últimos años hace imposible que el cine galo siga mirando hacia otro lado. El nombramiento en 2022 de una mujer, Iris Knobloch, como presidenta del certamen fue considerado como un punto de inflexión, pero siete años después de la caída del productor estadounidense Harvey Weinstein y del estallido del Me Too a nivel global, la industria francesa no ha vivido la sacudida que cabía esperar. El Gobierno de Macron, cuya pasividad en materia de lucha contra la violencia de género es llamativa, tampoco ha estado a la altura, como denuncia un sector del feminismo que reclama la consagración en las leyes de la noción de consentimiento.
De no ser por el coraje de Godrèche, que presentará en Cannes un cortometraje con los testimonios de decenas de víctimas y que consiguió que la Asamblea Nacional creara una comisión de investigación sobre los abusos sexuales en el sector audiovisual, el movimiento Me Too seguiría sin tener siquiera un atisbo de respuesta institucional en Francia. Un problema de esta envergadura no puede arreglarse sin una toma de conciencia del conjunto del sector ni sin una respuesta contundente por parte del poder legislativo.
Fuente EL PAIS