El trabajo del cuidado ha sido tan invisibilizado en Colombia que ha sido necesario empezar por el principio. El Gobierno de Gustavo Petro construye el andamiaje jurídico para poner a andar el Sistema Nacional de Cuidado, un compromiso que quedó plasmado hace ya dos años, desde que se creó el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. Ya existe un borrador del decreto que producirá las primeras acciones parte de un listado de definiciones que están ausentes de la conciencia de un país donde el cuidado recae sobre las familias y, principalmente, sobre las mujeres. 19,5 millones de ellas, el 90% de las mujeres mayores de 10 años, realizan trabajos de este tipo sin remuneración, frente a solo 12,7 millones de hombres, el 63% de la población masculina de esa misma edad, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
La propuesta de decreto —el origen de un proceso que ha tomado más tiempo del esperado— marca el punto de partida para un cambio de fondo: la redistribución de una carga que hasta ahora se ha concentrado en la esfera doméstica, con poco apoyo estatal. “Sociedad cuidadora: se refiere a la organización social del cuidado (…) en la que se reconoce el cuidado como derecho fundamental y se reconocen y fortalecen los procesos comunitarios y colectivos de cuidado (…) Los actores que componen la sociedad cuidadora son el Estado, las comunidades, los hogares y el sector privado”, enfatiza el documento. En otras palabras, la meta es que el cuidado deje de ser un asunto exclusivo de los hogares.
De ese borrador, que se publicó para comentarios en abril del año pasado sin que haya quedado en firme, saldrá próximamente el decreto final que está en el proceso de recolección de firmas de los ministerios encargados, y que amplía o crea varias instancias como el engranaje responsable de hacer que el Sistema Nacional de Cuidado sea más que una promesa que no pase del papel.
La principal de ellas es la Comisión Intersectorial del Cuidado, que originalmente nació en 2022, bajo la administración del expresidente Iván Duque, pero que pasará de reunir a 3 ministerios a hacerlo con 16, además de la Vicepresidencia y otras entidades nacionales. Esa comisión coordinará las acciones del Ejecutivo con apoyo de un comité técnico. Además, habrá un mecanismo de participación comunitaria con representantes de cuidadores de personas con discapacidad, menores de edad o adultos mayores, entre otros grupos sociales; y un comité de cuidado territorial conformado por las gobernaciones de los 32 departamentos del país. El objetivo, en últimas, es que el Estado contribuya a garantizar los derechos a recibir cuidado y a cuidar en condiciones dignas, y que reconozca y fortalezca las formas comunitarias de cuidado. Un desafío múltiple que parte prácticamente de cero y que tomará aún más tiempo del que ha transcurrido hasta ahora para su implementación plena.
Antes de la llegada de Petro a la presidencia, Colombia solo contaba con una ley que le exigía al DANE medir las actividades del cuidado, un primer acercamiento que, sumado al encierro de la pandemia, permitió a dimensionar la carga de labores que pocas veces dan respiro: limpiar la casa, hacer el mercado, cocinar, organizar la ropa, cuidar a los hijos. De ser totalmente remunerado, el trabajo de cuidado representaría alrededor del 20% del PIB, ubicándose como el renglón más importante de la economía nacional. Aunque Bogotá ha avanzado con las Manzanas del cuidado, se trata de una apuesta local.
Natalia Moreno, directora de cuidado del Ministerio de Igualdad, asegura que el país está dando un salto significativo. “Previo al Gobierno no teníamos una base legal para crear un sistema de cuidados. Ahora hay un piso jurídico que nos permite pasar de una medición estadística a una política pública”, sostiene. El cargo que ocupa es nuevo. Se creó como parte del Ministerio que nació a comienzos de 2023.
El Gobierno prepara otra reglamentación, la que aterriza la oferta estatal de servicios para apoyar las tareas de cuidado. Contempla un programa de renta y empleabilidad para personas cuidadoras, y de asistencia o atención domiciliaria para quienes requieren cuidados especiales por condiciones de salud. Este componente tardará más en quedar listo si el Ministerio del Interior encuentra que debe someterse a consultas previas con comunidades étnicas, pero algunas medidas ya están en marcha y otras quedarán consignadas en un documento CONPES, una hoja de ruta con acciones, metas y presupuesto para los próximos 10 años, que lleva al menos dos años en discusiones al interior del gobierno y en más de un centenar de mesas con poblaciones y territorios.
Entre los programas existentes está comunidades del cuidado, un plan para fortalecer a 126 organizaciones que prestan cuidados comunitarios. La Asociación de mujeres constructoras de paz en la Sierra Nevada de Santa Marta, que este año tendrá su primera casa del cuidado, es una de ellas. Su representante, Yoraima Navarro, celebra este piloto para que las mujeres de la comunidad arhuaca tengan apoyo en el cuidado de sus hijos y logren tener tiempo libre para estudiar, tejer mochilas para ayudar a sostener sus familias o participar en actividades comunitarias. “Necesitamos tener más participación en espacios importantes de la comunidad y no solo desde el fogón”, dice.
Otra estrategia es rutas del cuidado, lleva programas de formación y atención psicológica a los lugares donde viven las personas cuidadoras, junto con los que se hacen cargo de quienes están bajo su tutela para permitirles recibir ese apoyo. Las primeras rutas se realizaron en municipios de los Montes de María, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en el Caribe. Otra de las rutas es fluvial: un barco de tres niveles navega el río Amazonas entre Colombia y Brasil, recorriendo diferentes comunidades indígenas. Este año, se espera que 10 buses nuevos empiecen a recorrer al menos 30 municipios del país.
La política también pone el foco en la división sexual del trabajo. Con escuelas del cuidado para hombres, de las que hay antecedentes locales, el Gobierno busca transformar las creencias y promover las responsabilidades compartidas. En Colombia, no solo hay más mujeres que hombres encargadas del trabajo de cuidado no remunerado, sino que destinan más tiempo a las labores domésticas. Las mujeres dedican, en promedio, 7 horas y 44 minutos al día, más del doble de las 3 horas y 6 minutos que dedican los hombres. En contraste, la tasa de desocupación femenina es 4,6% más alta que la masculina y la brecha salarial es de alrededor del 6%.
Marta Castro, directora de la asociación Cuidando a Violeta, que trabaja por el reconocimiento del derecho al cuidado, considera que uno de los retos es eliminar los comportamientos machistas. “Hay hombres que creen que la casa está limpia por arte de magia. Si hacemos labores de cuidado y a la vez tenemos que ir a trabajar, no hay cuerpo ni mente que lo resistan”, señala. Advierte que esa sobrecarga pone en riesgo otros derechos. “Muchas mujeres llegan a la edad de pensión y no la tienen, porque se dedicaron a cuidar de otros. En la vejez, ¿quién va a cuidar de ellas?”, pregunta.
La abogada subraya que otro desafío es asegurar que el sistema del cuidado sea sostenible, exigible como derecho y que no dependa de la voluntad política de los gobiernos de turno. “Tiene un sustento jurídico en el esquema internacional de los Derechos Humanos. Colombia tiene varios acuerdos establecidos, así que tenemos que buscar que se materialice y sea efectivo. Si cualquiera de nosotros, en cualquier momento del ciclo vital, necesita cuidados, debe tenerlos garantizados y que esto no implique que alguna persona cercana se tenga que dedicar exclusivamente a ello”, explica.
Con las decisiones para dar vida al Sistema Nacional de Cuidado, Colombia no solo da pasos para sumarse a la lista de países como Uruguay, donde surgió el primer sistema integral de cuidados de la región, o de Chile y Costa Rica que cuentan con sistemas de cuidados que se centran en personas dependientes permanentes. También empieza a nivelar una balanza que ha estado históricamente desequilibrada.
Fuente EL PAIS
