La violencia contra las mujeres es una vulneración de sus derechos humanos que se encuentra ampliamente generalizada en un continuo que va desde la violencia doméstica, en el pololeo, el acoso callejero, la explotación sexual, en el espacio digital, la violencia contra las mujeres que son figuras públicas (periodistas, políticas, artistas, deportistas y activistas) y que llega hasta el acoso y abuso en el mundo del trabajo. En efecto, la violencia en el mundo público, del trabajo y/o en los contextos digitales no podría ser posible si no fuese porque es permitida y tolerada en el resto de los ámbitos de la vida. Globalmente y en Chile, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual al menos una vez en la vida por parte de su pareja y/o un desconocido; y en el mundo mueren más de cinco mujeres a manos de familiares cada hora. Un estudio global sobre mujeres que trabajan en el sector tecnológico encontró que el 44% de las mujeres habían experimentado alguna forma de acoso en el trabajo en el 2020, de las cuales el 41% había experimentado acoso sexual.
La violencia contra las mujeres y las niñas ha permanecido constante en las últimas décadas, demostrando que como sociedad no hemos hecho aún lo suficiente para prevenirla y erradicarla, así como para reparar sus consecuencias en las vidas de las mujeres. Tolerar la violencia es una de las causas cuya responsabilidad es colectiva. La violencia tiene efectos de corto y largo plazo en la vida de las mujeres, limitando el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, de movimiento, de asociación, a la integridad personal, incluso el derecho al trabajo decente y al desarrollo profesional, por lo que tiene un impacto directo en la disminución de su participación social y política, su autonomía económica, en la calidad de su salud (incluso la muerte) y en el aporte a sus comunidades y países. Sus alcances no se limitan a los efectos ya citados. La violencia tiene consecuencias para las mujeres que observan la violencia basada en género como una amenaza permanente y el riesgo que significa ejercer sus derechos, profundizando la desigualdad y la exclusión de las mujeres del mundo del trabajo, del conocimiento, de la política y de la toma de decisión en general. También, se debe considerar que, si bien las mujeres tienen mayor probabilidad que los hombres en ser víctimas, este riesgo aumenta en mujeres afrolatinas o de identidad indígena, mujeres trans y disidencias sexo-genéricas, adultas mayores, migrantes, y mujeres en situación de discapacidad.
Además, la violencia contra las mujeres tiene un alto costo para las economías, el sector privado y los Estados, en especial en los sectores de salud y justicia. Por ejemplo, a nivel global el costo de la violencia contra las mujeres (público, privado y social) alcanzaría los US$1.5 trillones. En el 2021, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género estimó en 366.000 millones de euros anuales el costo de la violencia de género a escala de la Unión Europea. Mientras que, en América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que el costo de la violencia contra las mujeres alcanzaría entre 1,6% a 3,7% del PIB anual. Entre las diversas estrategias para utilizar de forma más eficaz y eficiente los recursos ONU Mujeres ha desarrollado herramientas como el Marco Respeto para implementar las políticas más exitosas en base a la evidencia; así como en el ámbito judicial apoyó al Ministerio Público para la adaptación a Chile del Protocolo Latinoamericano para Investigación de Muertes Violentas de Mujeres de ONU Mujeres y ACNUDH.
En los 16 días de activismo de la Campaña UNETE del Sistema de Naciones Unidas, que conmemora cada 25N Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las mujeres y las niñas, el llamado es a invertir para prevenir la violencia contra las mujeres, porque la prevención es fundamental paro disminuir sus consecuencias en todos los niveles y en todos los ámbitos sociales. En especial la Campaña UNETE 2023 convoca a todos los países miembros a ratificar o implementar el Convenio 190 de la OIT sobre el Acoso en el Mundo del Trabajo (C190). Actualmente, Chile es el país número 28 en el mundo, y 11 de la región en haber ratificado el C190, encontrándose en una posición privilegiada para implementar acciones preventivas.
Este tratado es un instrumento pionero y alineado con la construcción democrática de procesos que afectan los derechos de las personas, cuyo espíritu es trabajar conjuntamente entre el Estado, los empleadores y empresas, y los actores sindicales en la prevención, protección y reparación del acoso y violencia en el trabajo. En esta tarea se pueden desarrollar diversas estrategias de orientación, formación y sensibilización en las políticas de las organizaciones (cultura organizacional, capacitación, procesos internos) dirigidas a construir espacios seguros y saludables para todas las trabajadoras y reparatorios para las víctimas. Entre otras acciones, ONU Mujeres ha dispuesto una herramienta orientativa asociada al Principio 3 de los Principios de Empoderamiento Económico de las Mujeres o WEPs por sus siglas en inglés, que fue dada a conocer en el seminario Invertir para Prevenir la Violencia ¿Cómo las empresas están invirtiendo en espacios laborales seguros y saludables?, realizado el 28 de noviembre, y que se encuentra disponible para quienes busquen mejorar las políticas organizacionales.
Prevenir la violencia en el mundo del trabajo tiene efectos positivos en las organizaciones, tanto en los empleadores y empresas, como en las trabajadoras y trabajadores; por ejemplo, disminuyendo el ausentismo laboral por depresión u otros efectos psicológicos. Estas políticas orientan las conductas evitando, disuadiendo y/o sancionando a los perpetradores y a quienes actúan abusivamente y transforman el rol de testigos pasivos en agentes de cambio. Así, las empresas y el sector privado, las organizaciones sindicales o de funcionarios, en conjunto con el Estado pueden aportar de forma sistemática al alcance de la Meta 5.2 (“Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida pública y privada”) de la Agenda de Desarrollo Sostenible, al promover el cambio cultural de normas y comportamientos nocivos implementando abiertamente la tolerancia cero al acoso y la violencia.
Sin duda, los efectos positivos que significa la aplicación integral del C190 pueden irradiar hacia otros ámbitos de la vida social en los que trabajadores y trabajadoras transitan cotidianamente, como el espacio familiar, virtual, y público (calles, transporte, parques, escuelas, universidades, etc.). La prevención en el mundo del trabajo permite unir fuerzas para desarrollar una estrategia fundamental en la ineludible y, pero aún pendiente tarea de erradicar de la violencia contra las mujeres y las niñas.
