Una nueva propuesta en el Congreso de la Ciudad de México plantea eliminar el delito de aborto del Código Penal en la capital. La medida, impulsada por Morena, busca que ninguna mujer sea sancionada por abortar sin importar en qué momento de la gestación se encuentre. El dictamen fue aprobado la semana pasada en las comisiones del Congreso local y se esperaba que pasara al pleno este jueves, sin embargo, la medida fue enviada a la congeladora legislativa sin aviso previo. “Estamos esperando a que se generen las condiciones políticas y sociales para poder avanzar”, señala la diputada de Morena Ceci Vadillo, una de las impulsoras de la medida.
Desde 2007 el aborto es legal en Ciudad de México hasta la semana 12, después de ese punto, el procedimiento solo es legal en caso de violación, inseminación artificial no consentida, riesgos para la salud de la mujer o malformaciones graves o congénitas en el feto. Las legisladoras y activistas que pugnan por la medida buscan que “ninguna mujer sea criminalizada por abortar”, como afirma Vadillo. En los últimos nueve años, se han abierto alrededor de 1.250 carpetas de investigación por el delito de aborto en la capital. La cifra muestra que, pese a los avances, un nutrido grupo de mujeres sigue quedándose en los márgenes, en su mayoría las más pobres.
En los últimos 20 años, más del 80% de las mujeres que han abortado en Ciudad de México lo han hecho antes de las primeras 12 semanas, según datos oficiales. “El otro 20% suelen ser casos de adolescentes y niñas que han sufrido violencia sexual y que, por lo tanto, tienen una detección tardía del embarazo y se les dificulta acceder de manera pronta a los servicios de salud”, explica Vadillo. “También suceden casos médicos donde hay complicaciones severas con malformaciones que implican que los bebés no puedan sobrevivir fuera del útero y las mujeres son obligadas a continuar”, agrega la diputada.
El debate no se ha quedado entre las cuatro paredes del Congreso. La propuesta, como era de esperarse, ha levantado ampollas entre los sectores más conservadores del país y los grupos antiderechos, pero también ha dividido opiniones dentro del propio movimiento feminista. Muestra de que existe un debate abierto sobre las implicaciones de abortar en etapas avanzadas de la gestación.
“Sacar el aborto del código penal no quiere decir que no haya una regulación en términos de quién puede acceder a los servicios, pero en lugar de que esté en el Código Penal, como un delito, nosotras proponemos que se haga desde la regulación sanitaria”, señala Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). De hecho, la reforma propuesta por Morena se ciñe solo a eliminar el tipo penal y no toca la Ley de Salud, que mantiene solo como permitidas y reguladas las 12 primeras semanas para interrumpir el embarazo.
Las impulsoras de la medida explican que sacar el aborto del Código Penal elimina trabas también para los médicos y personal sanitario. “El problema es que los doctores sienten mucho miedo de practicar abortos y verse involucrados en un delito, así que no lo practican en muchos casos”, dice la diputada Vadillo. La amenaza del Código Penal genera un efecto inhibitorio no solo para las mujeres, también para el personal médico que da los servicios. “Se trata de un cambio de paradigma”, menciona la médica y doctora en bioética Ana Cristina González, impulsora del movimiento Causa Justa en Colombia. “Tenemos que abandonar la idea de que tiene que existir un delito para regular el aborto”, señala. “Está demostrado que las normas restrictivas están más asociadas a la mortalidad materna y no impiden regular los abortos ni reducir la muerte ni las complicaciones cuando una mujer decide interrumpir su embarazo”, afirma.
González señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la despenalización del aborto y la eliminación de las leyes que lo prohíben. También considera que el acceso a un aborto seguro es fundamental para la salud de las mujeres y las niñas. En ese sentido, recomienda “eliminar el aborto de las leyes penales, no promulgar leyes que prohíban el aborto con base en límites de edad gestacional, proteger el acceso a la atención integral y limitar la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
Sin embargo, hay quienes consideran que el derecho de las mujeres a decidir en cualquier momento de la gestación debe tener límites. “Tengo muchas dudas jurídicas y cuestionamientos éticos respecto a la iniciativa. El límite de las 12 semanas sigue dos principios científicos. Primero, que hasta después de las 12 semanas no se forma el sistema nervioso central, por lo tanto, el feto no tiene capacidad de sentir y segundo, que su vida no es viable fuera del útero”, apunta la abogada Paola Zavala.
Zavala apuesta por agregar más causales en las que se pueda abortar en la capital. “Creo que las excepciones se pueden ampliar para proteger otros supuestos como violencia familiar o extrema pobreza, pero despenalizar en todos los casos no tiene sentido jurídico. Hay un ser que siente y su vida es viable después de los seis meses fuera del útero”, afirma la abogada. “Desde mi punto de vista hay responsabilidades que no podemos eludir por el hecho de ser mujeres, más en una ciudad que garantiza el acceso al aborto seguro y gratuito antes de las 12 semanas”, apunta.
Keith López, internacionalista e investigadora del Colegio de Postgraduados del Estado de México, considera que una despenalización total podría acarrear otras consecuencias. Como por ejemplo, ventajas para la industria de los vientres de alquiler. “Me parece preocupante, hay que ver esto con una perspectiva de más alcance. Primero porque la industria reproductiva, a pesar de que es legal en pocos Estados como Tabasco o Sinaloa, llega a lugares donde hay lagunas legales. Este es el caso de Ciudad de México o el Estado de México. La despenalización total es el paso que se necesita para que estos procedimientos puedan realizarse sin ninguna repercusión legal”, comenta la especialista.
En 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ninguna mujer en México podía ser criminalizada por abortar en periodos cercanos al inicio de la gestación, aunque también señala en reiteradas ocasiones que el derecho penal no es la vía para regular esta práctica. Las defensoras de la desaparición del delito de aborto insisten en que la punibilidad del aborto fomenta “los sesgos de género” y un acceso desigual a la ley. Por ese motivo subrayan que el aborto debe abordarse desde “una conversación de salud” y no de materia penal. “Con esta reforma se reconocería la capacidad plena de decisión de las mujeres y de las personas gestantes, el reconocimiento de su ciudadanía y se dejaría de tratar como criminales a las mujeres que abortan”, señala la directora de GIRE.
Zavala ve con preocupación que la discusión de la despenalización total pueda poner en riesgo los derechos conquistados hasta el momento. “Podemos estar poniendo en riesgo el avance del aborto en el país”, sentencia. “Ampliar a todos los casos creo que no tiene sentido ni jurídico, ni ético, ni estratégico. Podemos toparnos en un futuro con un revés de la Suprema Corte: si la próxima Corte resulta ser más conservadora, le vuelves a llevar el tema del derecho al aborto y le quitas el consenso previo que había, corremos el riesgo de retroceder, como pasó en Estados Unidos con Roe versus Wade”, puntualiza. Keith López duda sobre este punto. “Veo difícil que se pueda retroceder en el trabajo que ya está, pero sí me parece que es riesgoso por la desinformación que ha provocado”, agrega.
López considera que una medida de este calado puede poner en riesgo la percepción social y de consenso que consiguió el aborto en la capital los últimos 20 años. “Esto fortalece a los grupos provida que restringen el derecho de las mujeres a decidir y que fortalece a la extrema derecha en estos tiempos donde los antiderechos se han vuelto más fuertes”, opina.
El debate sobre la eliminación del delito de aborto de los códigos penales es una conversación con más o menos avance en todos los países. Desde la prohibición total en lugares como El Salvador o República Dominicana, pasando por legislaciones que han despenalizado el aborto hasta un número determinado de semanas, como sucede en Colombia, donde es legal hasta la semana 24; Argentina, semana 14 o Canadá, donde no existe el delito de aborto desde 1988. “Así como luchamos para que haya maternidades deseadas, cuidadas y protegidas, tenemos que luchar para que no haya maternidades forzadas y ninguna mujer se vea obligada a llevar adelante un embarazo o una maternidad que no desea”, explica Ana Cristina González. Todas las expertas consultadas coinciden en algo: es necesario que las autoridades inviertan más en educación sexual en las escuelas para que niñas y adolescentes en el futuro sean mujeres que conozcan sus derechos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
En México las mujeres siguen en absoluta desigualdad dependiendo del Estado en el que vivan. Aunque la despenalización del aborto haya avanzado en la última década a casi la mitad del país, todavía existe una férrea oposición por parte de autoridades, poder político y religioso que se niegan a que las mujeres tengan plenos derechos sobre sus cuerpos. “En términos de evidencia, la criminalización no ha impedido los abortos ni ha impedido las complicaciones. Lo que ha hecho es poner barreras para que los servicios de salud puedan atender adecuadamente a quienes necesitan atención médica reproductiva. Algo tiene que cambiar para que no volvamos a tener casos como el de Esmeralda, en Querétaro, criminalizada a los 14 años por tener un aborto espontáneo”, dice Rebeca Ramos.
Fuente EL PAIS
