Berta Zúñiga ha regresado a Honduras con una firme misión. La hija de la ambientalista Berta Cáceres —asesinada en marzo de 2016 por su trabajo a favor de los derechos ambientales y de las poblaciones indígenas hondureñas— espera poder presionar a las autoridades judiciales para que impongan sentencias firmes a los condenados por ese crimen que conmocionó al mundo, pero que también persigan a quienes ella considera los actores intelectuales. “Estamos muy preocupadas porque, a pesar de que tuvimos dos importantes sentencias que rompen la impunidad que normalmente se ha acostumbrado en nuestro país, esas sentencias no han sido reafirmadas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema y ya han pasado más de cinco años. Este es el último paso que debe realizar el sistema de justicia para dar por cerrado el procedimiento en lo que respecta a los autores materiales”, explica Zúñiga.
Un tribunal hondureño condenó en noviembre de 2018 a siete personas relacionadas con el asesinato de Cáceres. Entre los condenados están los tres sicarios que dispararon contra la ambientalista, dos exmilitares y dos trabajadores vinculados a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que construiría la presa hidroeléctrica a la que la ecologista se oponía. En 2021 también fue condenado David Castillo, señalado de ser uno de los actores intelectuales del asesinato. Cáceres había denunciado públicamente a Castillo por amenazas de muerte. La Fiscalía afirmó en su acusación que Castillo, entonces presidente ejecutivo de DESA, pidió al jefe de seguridad de la empresa, el militar retirado Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. Bustillo acudió a un viejo amigo del Ejército, el mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Se les pagó hasta 2.200 dólares para cometer el crimen.
“Este es uno de los primeros casos en los que son condenadas personas vinculadas a una empresa generadora de energía hidroeléctrica”, afirma Zúñiga en una entrevista telefónica días antes de volar a Honduras. “Desde el año pasado hemos mantenido comunicaciones con la Corte Suprema de Justicia, porque se exceden los tiempos que tiene el país para reafirmar las sentencias”, explica la activista. A ella le preocupa también que se ha reactivado lo que llama una campaña en medios de comunicación por parte de los abogados de David Castillo para desestimar los procesos judiciales, porque alegan que fueron “juicios arbitrarios” y que las condenas obedecen “intereses políticos. “Esto, junto con otro tipo de acciones indebidas, pretende presionar a los tres magistrados de la Sala de lo Penal para que retrocedan en estas condenas, exculpar a personas que han sido sentenciadas y, por supuesto, obstaculizar en la persecución judicial hacia los autores intelectuales”, advierte Zúñiga.
Su lucha, agrega, no se limita a que el sistema judicial cumpla con su rol con las condenas ya establecidas, sino que se amplíe la investigación a otras personas que considera autores intelectuales del crimen. Ella señala a integrantes de la poderosa familia Atala, accionistas mayoritarios de la empresa DESA, a quien el Gobierno le otorgó la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que Cáceres se oponía. Zúñiga recuerda que el pasado diciembre se emitió una orden de captura contra Daniel Atala, gerente financiero de la empresa, pero no surtió efecto porque el hombre huyó de Honduras. “Él entraría en una categoría de autor intelectual del crimen, pero como la orden de captura no se hizo efectiva, se encuentra prófugo de la justicia”, apunta Zúñiga. “No sabemos dónde se encuentra, hubo noticias de que él salió por la frontera salvadoreña, pero no lo podemos comprobar”, agrega.
Entre los declarados culpables en 2018 estaba Sergio Rodríguez, gerente de comunicaciones de DESA, quien confesó que el “problema Berta Cáceres” era discutido a nivel de la junta directiva de la empresa. “Todas estas personas participaban de las comunicaciones en las que básicamente se hablaba de atacar y neutralizar las acciones en la defensa del río Gualcarque”, asegura Zúñiga. DESA envió un mensaje a este periódico en 2017 en el que afirmaba que estaba “completamente desvinculada de los desafortunados hechos que terminaron con la vida de Berta Cáceres”.
Zúñiga espera que el nuevo Gobierno de la presidenta Xiomara Castro la justicia pueda cumplir con su papel para evitar que los crímenes contra ambientalistas queden impunes en uno de los países más letales para los activistas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó a mediados de mayo un informe en el que revela que en 2022 fueron asesinados 17 ambientalistas en esa pequeña nación. El documento recuerda que murieron en condiciones violentas en el primer cuatrimestre de 2023 al menos ocho personas defensoras, algunas de las que contaban con medidas de protección estatales. El informe muestra también que en 2022 se registró una tasa del 87% de impunidad en los homicidios ocurridos ese año. “La tasa de impunidad sería aún mayor cuando se trata del asesinato de mujeres, personas defensoras y personas LGBTI”, alerta el organismo. La CIDH afirma que el acceso a la justicia “continúa siendo un reto importante en Honduras”.
Zúñiga concede que se han producido “algunos compromisos” de parte del Gobierno de Castro para seguir con las investigaciones relacionadas con el asesinato de su madre, pero es consciente de que la responsabilidad sigue estando en manos del sistema de justicia. “Ha habido una apertura a dialogar, pero eso debe traducirse en acciones concretas, que den certeza de que van a haber avances”, señala.
La joven activista no va a cejar en la lucha contra la impunidad en este caso. Ella forma parte de una estirpe de mujeres comprometidas, que han peleado por los derechos indígenas y ambientales. Su abuela, María Berta Flores, es un personaje reconocido en Honduras por su arduo activismo. “Ha sido una lideresa política y fue el ejemplo de mi mamá. Ha hecho un trabajo político amplio, que tiene que ver con la participación de las mujeres en la vida política”, explica Zúñiga. Flores fue la primera alcaldesa de Honduras, en el departamento de Intibucá, el occidente del país. Lideró por tres mandatos la alcaldía de la ciudad La Esperanza, la capital local. “Organizó muchos grupos de mujeres, exhortó a su participación política y promovió, cuando fue diputada suplente, el convenio de la OIT para los pueblos indígenas”, recuerda Zúñiga. Esa rama combativa fuerte es el motor que impulsa a Zúñiga a continuar con su lucha contra la impunidad, aunque conoce los peligros que se enfrenta en su país. “Tratamos de que eso no impida el ejercicio de nuestro trabajo”, afirma tajante.
Fuente EL PAIS
