Mara Lezama Espinosa, la gobernadora de Quintana Roo, ha presentado una propuesta ante el Congreso Estatal con el fin de obtener el permiso para llevar a cabo una refinanciación o reestructuración de la deuda pública a largo plazo del estado. La esencia de esta solicitud radica en la intención de extender el periodo de reembolso de la deuda, que actualmente se encuentra en un rango de 20 a 25 años, a un plazo más prolongado de 30 años. Asimismo, Lezama tiene como objetivo lograr condiciones de interés más beneficiosas a través de esta reestructuración.
La suma total en juego asciende a 19,625 millones 687 mil 171 pesos con 57 centavos. Esta cifra representa el saldo pendiente de la deuda al cierre del segundo trimestre de 2023, si bien es fundamental considerar los pagos ya realizados en el tercer trimestre antes de que la autorización sea aprobada. La diferencia entre esta cantidad y la deuda actual se destinará a cubrir los costos financieros inherentes a la operación bancaria, así como a los instrumentos derivados y las garantías de pago.
La propuesta presentada por la gobernadora ha sido admitida por la Comisión Permanente del Congreso Estatal en el transcurso de su sesión semanal. La propuesta ha sido trasladada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Se ha convocado a un período extraordinario de sesiones para el próximo 3 de septiembre, en el que se espera la aprobación de la autorización para la reestructuración de la deuda pública. Además, durante esta sesión se elegirá a la Mesa Directiva para el segundo año de la XVII Legislatura.
El propósito central de esta iniciativa radica en otorgar al Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la facultad de establecer uno o varios financiamientos con instituciones financieras mexicanas. Estos financiamientos podrían abarcar un plazo de hasta 30 años y una cantidad máxima de 19,625 millones 687 mil 171 pesos con 57 centavos. Este monto se destina específicamente a la refinanciación y reestructuración de la deuda pública directa del estado.
La propuesta también contempla la posibilidad de establecer, modificar o eliminar fuentes de pago, garantías u otros mecanismos de respaldo financiero. Además, se incluye una asignación para cubrir los gastos asociados a la reestructuración y refinanciación, lo cual abarcaría los instrumentos derivados y las garantías de pago.
Desde el inicio de su mandato, Mara Lezama ha enfrentado desafíos financieros considerables, con pagos sustanciales destinados a reducir la deuda pública heredada de administraciones previas. La inflación y los contratos vigentes han contribuido al aumento de las tasas de interés, lo que se refleja en un aumento significativo en el presupuesto destinado al pago de la deuda entre 2022 y 2023.
La reestructuración propuesta ofrecería a la administración de Lezama la posibilidad de utilizar menos recursos propios para el pago de la deuda bancaria, lo que permitiría redirigir más fondos hacia otros proyectos gubernamentales. No obstante, también conllevaría una carga financiera prolongada para los ciudadanos de Quintana Roo.
Hasta el momento, el estado ha mejorado su posición financiera gracias a incrementos en los impuestos vinculados con el hospedaje, las nóminas y la venta de bebidas alcohólicas. Estas mejoras se han traducido en una calificación financiera más sólida y una posición más favorable en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cabe destacar que el presupuesto asignado al pago de la deuda en 2023 casi duplica la cifra de 2022.
