La realidad de la prostitución en España es que un porcentaje altísimo de las mujeres y las niñas prostituidas han sido captadas por su situación de vulnerabilidad, engañadas, trasladadas, amenazadas, drogadas y vendidas cada día como un producto. También, muchas otras mujeres han llegado a ello como única alternativa a la supervivencia y son igualmente explotadas en el sistema prostitucional.
Convivimos cada día con miles de esclavas sexuales compradas y alquiladas por algunos hombres que encuentran “normal” esta actitud y, de esta manera, colaboran activamente con la perpetuación de una de las más terribles formas de violencia y explotación del ser humano que pueden darse en pleno siglo XXI. No podemos dejar pasar por alto que, con esa normalización, ellos se convierten en cómplices de los proxenetas, de los tratantes de seres humanos y del crimen organizado, delincuentes que, con la ley actual (artículo 187 del Código Penal), no reciben ningún tipo de castigo por cualquier forma de obtención de lucro a través de la prostitución ajena.
Por esto era muy importante y necesaria una reforma legislativa que prohibiera y castigara el proxenetismo en todas sus formas. Era urgente contar con un marco legal que impulsara penas de cárcel para los malos, los delincuentes, aquellos que se enriquecen a costa del sufrimiento humano y, desde luego, proteger a las víctimas de este delito y dotarles de alternativas.
En una sociedad como la nuestra debería ser una prioridad. Esto no debería ir de colores políticos, sino de derechos humanos. Y nunca deberíamos haber presenciado lo que ha ocurrido con estas posturas dicotómicas que hemos visto en el Congreso.
El problema es que el ambiente de enfrentamiento actual entre partidos políticos hace que sus señorías, diputadas y diputados, se olviden de lo que verdaderamente importa: perseguir a quienes se están beneficiando de la esclavitud de miles de mujeres y les niegan sus derechos como víctimas del sistema que son.
El enemigo no es la otra postura ni el otro partido. Aquí el enemigo común es quien sostiene y promueve la compra y venta de personas. Y en esto, señorías, su tibieza supone una complicidad explícita con el proxenetismo. Vuestra deuda con las víctimas se ha profundizado con el espectáculo que habéis dado esta semana y vuestra clase política ha sufrido un daño irreversible.
Sobre todo, le hemos vuelto a fallar a tantas mujeres que, víctimas de un sistema que las deja de lado, han sido desnudadas de derechos, sus propios derechos como mujeres, como seres humanos, y han sido explotadas para un mero beneficio económico que las desangra hasta la extenuación, prácticamente sin ninguna penalización. Era el momento de alzar la voz por ellas y cambiar, de una vez, una situación de injusticia que ha permanecido impune durante demasiado tiempo.
Esta reforma legislativa no era nueva. No. Como ya sabemos, estuvo a punto de incluirse dentro de la Ley Orgánica Integral de la Libertad Sexual en 2022. Y era de vital importancia la apuesta por la reforma del Artículo 187 para que la Fiscalía empezase a contar con instrumentos útiles para combatir el proxenetismo y reducirlo. Pero este traspiés ha sido un gran paso atrás y ha mostrado la poca altura de miras con la que se aborda la explotación sexual y la prostitución.
No perdamos el norte y abramos nuevamente el debate. Es urgente arremeter con decisión el proceso para condenar el proxenetismo en todas sus formas y, por una vez, demostrar con hechos concretos y con convicción que estamos en el lado correcto.
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Fuente EL PAIS
