Al menos seis millones de mujeres —frecuentemente, en países con ingresos bajos o medios— trabajan cobrando muy poco, o nada, en centros de salud comunitaria. Muchas se desempeñan como trabajadoras sanitarias de la comunidad (TSC). Pero, aunque se trata de tareas cualificadas que debieran ser remuneradas, solo 34 países registran, capacitan y ofrecen salarios a los TSC.
La mayoría de esos trabajadores queda en situación de explotación, lo que reduce su eficacia con los pacientes. Si nos tomamos en serio que la “salud para todos” debe ser una prioridad mundial, esto debe cambiar.
Los TSC son fundamentales para fortalecer los sistemas de salud a escala nacional: está demostrado que mejoran los servicios de salud materna e infantil, amplían el acceso a la planificación familiar y apoyan la prevención y tratamiento de las enfermedades, tanto de las infecciosas como de las no transmisibles. Si se usaran TSC para 30 servicios de salud vitales en los países con las mayores cargas de enfermedades, se podrían salvar 6,9 millones de vidas al año y reducir la mortalidad infantil casi a la mitad. Además, con la pandemia de covid-19 quedó demostrado que los programas resilientes de salud en la comunidad pueden brindar servicios esenciales, incluso en situaciones de gran adversidad.
Pero esos programas solo alcanzarán su máximo potencial si se diseñan los servicios de acuerdo con las mejores prácticas basadas en la evidencia. Eso implica tratar a los TSC como profesionales que requieren capacitación, una remuneración justa y condiciones laborales seguras. Cuando se los emplea como solución provisoria o fuente de mano de obra barata, los TSC son menos eficaces que sus contrapartes que cuentan con recursos adecuados.
En África, hasta el 85 % de los trabajadores de salud comunitarios no cobran, y en el mundo un tercio de las veces no cuentan con los medicamentos esenciales para su tarea
En África, hasta el 85 % de los TSC no cobran, y en el mundo un tercio de las veces no cuentan con los medicamentos esenciales para su tarea. En Uganda, nuestro país de origen, escasean los trabajadores de la salud, por lo que los TSC son quienes han cubierto esa brecha. Aunque estos trabajadores brindan servicios vitales a sus comunidades y se ocupan de muchas de las mismas tareas que sus supervisores asalariados, a menudo sus remuneraciones son mínimas o inexistentes.
¿Por qué se espera que los TSC, que a menudo son mujeres negras, trabajen y salven vidas sin que se las reconozca o remunere? Claramente, esta es también una cuestión de derechos de género. Las normas patriarcales y las dinámicas de poder condicionan a las mujeres a aceptar salarios muy bajos y hasta a trabajar sin remuneración. Por ejemplo, las mujeres de hogares con bajos ingresos y niveles educativos suelen ver a este tipo de trabajo no remunerado como una oportunidad para acceder a trabajos remunerados, o a objetos como teléfonos móviles o bicicletas. El trabajo no remunerado en el sector de la salud también puede brindar a las mujeres reconocimiento social. En muchos contextos se ve como un trabajo honorable y que las familias encuentran aceptable para las mujeres. Por ello, los TSC suelen hacer malabarismos para combinar esos puestos con trabajos remunerados ocasionales y con sus responsabilidades familiares.
Esas mujeres enfrentan un dilema poco envidiable: si dejan su trabajo de TSC para buscar un empleo a tiempo completo que les permita conseguir un sustento, ¿quién se ocupará de la tan necesaria atención de la salud en sus comunidades? Arrinconadas por las desigualdades sistémicas y los roles tradicionales de género, a menudo siguen sobreexigiéndose, y sacrificando su estabilidad, seguridad económica, desarrollo laboral y bienestar en el proceso.
Claramente, esta es también una cuestión de derechos de género. Las normas patriarcales y las dinámicas de poder condicionan a las mujeres a aceptar salarios muy bajos y hasta a trabajar sin remuneración
Para resarcir esta arraigada injusticia social y económica, la profesionalización de los TSC debe ser la norma en vez de la excepción. Como mínimo hay que registrar a los TSC para garantizar que se cumplan ciertos estándares, pagarles salarios competitivos, brindarles capacitación continua y el apoyo de supervisores designados; e integrarlos a los sistemas de salud (entre ellos, a las instalaciones de atención sanitaria primaria y los sistemas más amplios de monitoreo y evaluación). De esa forma podrán realizar una vigilancia proactiva y ver a los pacientes en los lugares de atención sin que eso represente un costo para estos últimos.
En resumen, los TSC deben recibir salarios, estar capacitados, supervisados y contar con los insumos necesarios.
Después de años de marginación y aislamiento, los TSC están organizando y estableciendo redes nacionales, en gran medida con tecnologías digitales, para lograr esas metas. Más de 5.000 trabajadores y organizaciones de salud alineadas en 40 países se han unido a través de la Community Health Impact Coalition (Coalición para el impacto en la salud comunitaria) para convertir la investigación compartida y el trabajo de defensa en cambios a las políticas a escala nacional. La misión que compartimos es la de garantizar que todos los países con ingresos bajos o medios —entre ellos, Uganda— adopten políticas para profesionalizar a los TSC.
La comunidad internacional debe decidir si compensará de manera justa a quienes durante décadas apoyaron a los sistemas de salud de los países con ingresos bajos o medios o si continuarán explotando a una fuerza de trabajo principalmente femenina. La alternativa moral es clara: los países que profesionalizan a los TSC y los integran a una infraestructura de salud robusta estarán en mejor posición para avanzar hacia la “salud para todos”, incluida la de las propias mujeres que brindan la mayor parte de la atención.
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